El gobierno, con el denominado Cargo por Confiabilidad, a cuenta de las tarifas, le garantizará utilidades a la trasnacional europea Emgesa, genere o no energía en la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila. Planea concederle además el beneficio de zona franca y le dará un contrato de estabilidad jurídica. Este es el gobierno de la confianza inversionista, señaló el senador Robledo, pero lo que no se le dice a la gente es la de quiénes.
El embalse desalojará a 467 familias e inundará 8.250 hectáreas “de las mejores tierras con aptitud agrícola en la región”, como lo reconoció el Ministerio de Ambiente en 1995 al declarar inviable la alternativa de una nueva central en el río Magdalena, más arriba de la Betania, también de propiedad de Emgesa. Robledo señaló como un hecho muy grave que se esté privatizando el río Magdalena. Dijo que países como Estados Unidos no permiten privatizar las arterias fluviales y precisó que el Mississippi es manejado directamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Emgesa violó la ley colombiana al iniciar obras sin licencia ambiental y está siendo investigada por las autoridades. Aún sin otorgarle la licencia, el gobierno le asignó a la trasnacional la Oferta de Energía en Firme, OEF, lo que es una irresponsabilidad manifiesta, si no una ilegalidad, y declaró los terrenos de utilidad pública, con lo que Emgesa queda facultada para expropiarlos. En abril de 2009 creó el Batallón Especial Energético Vial Número 12, a un costo de 142 mil millones de pesos, y hace unas semanas decidió otorgarle finalmente la licencia ambiental, con lo que le premia el no acatamiento a la ley.
No le conviene al país el criterio trazado por la política de confianza inversionista, según el cual para atraer a las trasnacionales hay que entregárselo todo, con pérdida absoluta de la soberanía, concluyó el senador del Polo.
El embalse desalojará a 467 familias e inundará 8.250 hectáreas “de las mejores tierras con aptitud agrícola en la región”, como lo reconoció el Ministerio de Ambiente en 1995 al declarar inviable la alternativa de una nueva central en el río Magdalena, más arriba de la Betania, también de propiedad de Emgesa. Robledo señaló como un hecho muy grave que se esté privatizando el río Magdalena. Dijo que países como Estados Unidos no permiten privatizar las arterias fluviales y precisó que el Mississippi es manejado directamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Emgesa violó la ley colombiana al iniciar obras sin licencia ambiental y está siendo investigada por las autoridades. Aún sin otorgarle la licencia, el gobierno le asignó a la trasnacional la Oferta de Energía en Firme, OEF, lo que es una irresponsabilidad manifiesta, si no una ilegalidad, y declaró los terrenos de utilidad pública, con lo que Emgesa queda facultada para expropiarlos. En abril de 2009 creó el Batallón Especial Energético Vial Número 12, a un costo de 142 mil millones de pesos, y hace unas semanas decidió otorgarle finalmente la licencia ambiental, con lo que le premia el no acatamiento a la ley.
No le conviene al país el criterio trazado por la política de confianza inversionista, según el cual para atraer a las trasnacionales hay que entregárselo todo, con pérdida absoluta de la soberanía, concluyó el senador del Polo.
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